Concursos públicos
Responsabilidad penal de los miembros de un cártel para alterar los precios
Durante casi 20 años, un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea, junto con ciertas autoridades y funcionarios públicos, operaron de manera concertada para manipular concursos públicos y adjudicarse contratos con precios inflados. Esto se logró mediante acuerdos previos para repartirse el mercado y usando tácticas para excluir a competidores y establecer precios más altos para las administraciones contratantes.
Los acusados, utilizando sus empresas, fueron parte de esta «asociación» ilícita que también implicó obsequios y pagos indebidos a funcionarios públicos a cambio de información privilegiada y favores en la adjudicación de contratos. Esta asociación tuvo una estructura y un funcionamiento estable, donde materializaban sus acuerdos en reuniones periódicas y compensaciones anuales dentro del grupo.
Los contratos públicos, principalmente relacionados con servicios de extinción de incendios mediante el uso de aviones, tuvieron lugar en varias comunidades autónomas. Los acusados manipularon estas licitaciones mediante prácticas como no presentar bajas en sus ofertas y dividir geográficamente las áreas de influencia entre ellos para asegurarse las adjudicaciones de contrato.
La red de corrupción incluyó la creación de documentos mercantiles falsos para disfrazar las compensaciones internas, y a lo largo de los años, los involucrados aumentaron sustancialmente los costos para las administraciones públicas y obtuvieron beneficios económicos indebidos de los contratos públicos.
El proceso comenzó con la denuncia presentada por uno de los empresarios ante la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio oral, algunos acusados presentaron escritos de conformidad, reconociendo su participación en los hechos. Se retiró la acusación contra el empresario denunciante por su colaboración con las autoridades.
A estos empresarios se les acusa de los delitos de asociación ilícita, concierto para alterar los precios de concursos, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación, malversación e información privilegiada.
También estaban implicados varios funcionarios públicos que colaboraban con el cártel, proporcionando información privilegiada y facilitando la manipulación de las licitaciones públicas a cambio de sobornos y regalos.
El empresario denunciante aportó una extensa documentación y detalles esenciales para la investigación como correspondencia electrónica, actas de reuniones y otros registros que evidencian los acuerdos para manipular licitaciones públicas.
Para la Audiencia se ha demostrado la existencia de un cártel delictivo que alteró los precios en concursos públicos, así como la participación activa de los acusados en estas prácticas. Igualmente se ha demostrado la implicación de funcionarios públicos que, al colaborar con empresarios en la alteración de precios, no solo vulneran la ley de contratación pública, sino que también afectan la integridad del sistema de competencia en el sector público.
Por todo ello condena a varios acusados como autores de un delito continuado de concierto para la alteración del precio de concursos públicos, con atenuantes de confesión tardía y dilaciones indebidas, a penas de prisión, multa e inhabilitación especial. Además, se impone a algunas compañías la prohibición de contratar con las Administraciones públicas y la responsabilidad de indemnizar a la Administración General del Estado.
Se exonera de responsabilidad penal al empresario denunciante al haber cooperado con las autoridades aportando información y pruebas útiles para poder desmantelar el cártel.
Se absuelve a varios acusados de los delitos de asociación ilícita y falsedad en documento mercantil cometido por particulares, así como a otros acusados de delitos de prevaricación e información privilegiada.
Por último, acuerda el comiso de todos los efectos bienes, medios o instrumentos utilizados y que han sido intervenidos.
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